¿En qué va la reforma a la Ley 675 de 2001?
La reforma a la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, continúa en trámite en el Congreso de la República. A la fecha, la Ley 675 sigue vigente y no ha sido reemplazada por una nueva norma.
Actualmente existen proyectos acumulados, entre ellos el Proyecto de Ley No. 067 de 2025 Cámara y el Proyecto de Ley No. 146 de 2025 Cámara, orientados a actualizar el régimen de propiedad horizontal.
¿Qué temas propone la reforma?
- Reglas más claras para asambleas presenciales, virtuales y mixtas.
- Mayor uso de medios electrónicos para convocatorias, comunicaciones y notificaciones.
- Fortalecimiento del debido proceso en sanciones a propietarios y residentes.
- Modernización de la administración de copropiedades.
- Regulación de conflictos de convivencia y uso de bienes comunes.
- Mayor claridad frente a actividades como vivienda turística o arrendamientos de corta estancia.
¿Qué impacto tendría para administradores y conjuntos residenciales?
Para los administradores de propiedad horizontal, la reforma podría implicar ajustes en la forma de convocar asambleas, conservar evidencias, gestionar votaciones, enviar comunicaciones y documentar decisiones. También podría fortalecer el uso de herramientas digitales para la administración de conjuntos residenciales, edificios y unidades inmobiliarias cerradas.Importancia de la tecnología en la propiedad horizontal
Independientemente de si la reforma se aprueba en los mismos términos o con modificaciones, la tendencia es clara: la administración de propiedad horizontal requiere cada vez más trazabilidad, comunicación digital, control documental y procesos transparentes. Plataformas como Conjunto Express ayudan a las copropiedades a organizar su información, enviar comunicaciones, gestionar facturación, controlar pagos y conservar evidencia digital de sus procesos administrativos.Nota: Esta información es de carácter general y no constituye asesoría jurídica. Se recomienda consultar el texto oficial del proyecto y la normatividad vigente antes de tomar decisiones administrativas o legales.